Volver al blog

Los chats que pueden desaparecer antes de investigar a Trump

Por Poncho de Anda · Línea de Fuego · Opinión

Donald Trump sabe que los demócratas se preparan para investigar a su gobierno. El problema ya no es solamente qué van a preguntar cuando asuman el control de los comités del Congreso. También es qué documentos encontrarán cuando llegue ese momento. Porque una investigación puede tener todas las facultades del mundo, pero si los registros desaparecen antes de que alguien los solicite, las respuestas pueden desaparecer con ellos.

La alarma tiene un origen concreto. El congresista Jamie Raskin hizo públicas el 20 de noviembre cartas dirigidas a cinco agencias federales para exigir la conservación de comunicaciones oficiales, incluidas las intercambiadas mediante aplicaciones como Signal. Su denuncia menciona una conversación que habría involucrado al principal abogado del FBI y a una persona vinculada al entorno de Donald Trump Jr. Los mensajes, según la información divulgada por el comité, estaban configurados para desaparecer después de una semana.

Una semana para perder el rastro

El nombre de la aplicación es lo de menos. Signal ofrece cifrado y una función que permite eliminar mensajes automáticamente. Son herramientas que millones de personas usan legítimamente. Pero un funcionario federal no puede tratar la información que pertenece al gobierno como si fuera una conversación privada que puede borrarse sin dejar rastro. Cuando se discute un asunto oficial, las obligaciones de preservar registros siguen vigentes, aunque se utilice un teléfono personal o una plataforma externa.

Raskin identificó a Samuel Ramer, asesor jurídico principal del FBI, y a Drew Lynch, asociado de Donald Trump Jr., en un intercambio sobre una posible investigación relacionada con fraude en servicios de salud. Es una combinación que merece preguntas serias: quién participó, qué se discutió, si hubo alguna actuación oficial y dónde están los respaldos exigidos por las normas federales. No significa que exista una intervención indebida demostrada. Tampoco está probado públicamente que esos mensajes hayan sido efectivamente destruidos. Precisamente por eso se necesita conservarlos y examinarlos.

Si una conversación oficial se configura para borrarse a los siete días, la pregunta no puede quedarse en si Signal es segura o popular. La pregunta es si existe una copia preservada y accesible para los mecanismos de supervisión. Si la respuesta es que nadie lo sabe, entonces el problema es institucional.

Raskin exige conservar las comunicaciones

Las cartas no se limitaron al FBI. También fueron enviadas al Departamento de Justicia, Seguridad Nacional, ICE y la Oficina Federal de Prisiones. El legislador pidió investigar si se habían eliminado registros de manera indebida, buscar copias de respaldo y preservar los metadatos que permitan reconstruir comunicaciones relacionadas con funciones oficiales. Estableció el 3 de diciembre como plazo para que las agencias certifiquen las medidas adoptadas.

El Departamento de Justicia ha sostenido que cumple con las leyes de preservación de registros y rechazó las insinuaciones de incumplimiento. Esa respuesta también forma parte de la historia, pero no resuelve por sí sola las preguntas planteadas. La manera de despejar dudas es con documentación verificable: políticas de conservación, copias almacenadas, registros de auditoría y explicaciones de los funcionarios involucrados.

No hace falta decidir de antemano que hubo una conspiración para entender por qué esto es grave. Basta imaginar un procedimiento judicial, una investigación del Congreso o una revisión administrativa en la que los mensajes decisivos ya no pueden recuperarse. La falta de registros le quita al ciudadano la posibilidad de saber si la autoridad actuó correctamente.

El expediente Epstein vuelve a poner a prueba la transparencia

Al mismo tiempo, la discusión sobre los archivos de Jeffrey Epstein sigue abierta. El Departamento de Justicia ha publicado documentación y materiales sobre el caso, pero organizaciones que revisan esas entregas han cuestionado qué se hizo público y cómo se aplicaron las censuras de datos. Democracy Defenders Fund afirmó en septiembre que obtuvo correos de altos funcionarios del FBI vinculados con la revisión de los archivos y que encontró comunicaciones ausentes de la publicación oficial y nombres de funcionarios ocultos en determinadas versiones.

Esa denuncia requiere una evaluación documental, no una sentencia anticipada. Una omisión en una entrega pública no demuestra, por sí misma, que un registro haya sido destruido ni quién ordenó excluirlo. Pero el gobierno tiene la obligación de explicar qué documentación existe, qué se reservó y bajo qué fundamento legal. Eso importa especialmente en un expediente donde hay víctimas que llevan años esperando respuestas y donde cualquier error con sus datos personales puede causarles nuevos daños.

Los dos asuntos no deben confundirse: el intercambio por Signal denunciado por Raskin y las controversias por la publicación de documentos del caso Epstein son hechos distintos. Los une una exigencia fundamental: que el poder público pueda demostrar qué hizo y que las pruebas necesarias para examinar sus decisiones sigan disponibles.

Investigar con pruebas, no con espectáculo

Los demócratas que asumirán nuevas responsabilidades de supervisión tampoco pueden conformarse con conferencias de prensa, titulares incendiarios o promesas de revelar grandes secretos. Tendrán que pedir expedientes concretos, interrogar a los responsables, contrastar testimonios y separar con rigor lo que está probado de lo que todavía es una sospecha. La exigencia de rendición de cuentas tiene que ser la misma cuando una investigación favorece nuestra opinión política que cuando la contradice.

Trump ha presentado repetidamente las investigaciones en su contra como ataques de sus adversarios. Tiene derecho a defenderse y las autoridades tienen el deber de respetar ese derecho. Lo que nadie debería aceptar es que esa disputa política se convierta en excusa para perder documentos que pertenecen a todos los estadounidenses. Preservarlos no significa condenar a nadie; significa impedir que una revisión futura empiece con los archivos vacíos.

La pregunta que sigue sin respuesta

Necesitamos saber si los mensajes denunciados fueron preservados, si existen copias y qué controles se aplican a otras conversaciones oficiales. Y necesitamos que las decisiones sobre los archivos de Epstein puedan explicarse documento por documento, sin convertir a las víctimas en un recurso propagandístico. La transparencia no se mide por la cantidad de papeles que un gobierno decide mostrar, sino por su capacidad de demostrar que no está ocultando o perdiendo los que debe conservar.

Cuando llegue el momento de investigar, los documentos tienen que seguir ahí. Porque la confianza pública no puede depender de un temporizador programado para borrar una conversación.

Mira el episodio completo de Línea de Fuego: Ahora que van a investigar a Trump: archivos y chats.

Consulta más análisis y episodios en Línea de Fuego.

Tu opinión

¿Crees que todo funcionario debería estar obligado a conservar en archivos oficiales sus mensajes de trabajo, aunque use aplicaciones privadas? Te leo en los comentarios.

Tu opinión

¿Qué piensas de este artículo? Comparte tu punto de vista y participa en la conversación.

Las opiniones se publican sin aprobación previa. Solo se retiene el posible spam.

Conversación

Cargando comentarios…